En 2016 OVP demostró con pruebas irrefutables la crisis penitenciaria en Venezuela

El año 2016 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela, pues el hambre, la inseguridad y la falta de voluntad política aún continúan atentando contra la vida de millones de venezolanos, cuya dantesca realidad traspasó los barrotes de las cárceles venezolanas.

 Así lo aseguró Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien añadió que la crisis carcelaria afecta a más de 95 mil privados de libertad, quienes sucumben ante la mirada inerte del Estado. “Esta situación es realmente alarmante, pasó un año más y nadie hizo nada al respecto. Es por esta razón que una y mil veces preguntaré ¿Cuántos muertos más debe haber en las cárceles para que el Gobierno tome cartas en el asunto? Más de 45 mil presos sobreviven en los centros de detención preventiva, donde el hacinamiento, la insalubridad y el ocio atentan descaradamente contra sus derechos humanos”, sentenció.

La defensa de los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, no pasa solamente por denunciar las irregularidades y emitir recomendaciones al Estado venezolano, pues en el año 2016 el Observatorio Venezolano de Prisiones efectuó un exhaustivo trabajo de campo para que los organismos internacionales conocieran con pruebas irrefutables sobre cuál es la situación de las cárceles venezolanas, así como también se recolectaron medicinas para cientos de reclusos enfermos que no han recibido el tratamiento adecuado.

 “En Venezuela se requiere con urgencia de un plan de construcción de nuevos centros penitenciarios, lo cual además es otra de las promesas incumplidas de la ministra Iris Varela, quien desde el inicio de su gestión prometió que construiría 24 centros de reclusión para reclusos procesados en Caracas, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Zulia”, agregó Prado, quien recordó que los espacios para la recreación y esparcimiento de los privados de libertad están repletos de construcciones improvisadas para pernoctar e incluso en algunos penales deben turnarse para dormir porque no caben todos en un mismo pabellón.

 Tal como lo ha denunciado el director del OVP en constantes oportunidades, el galopante hacinamiento en los penales venezolanos es causado, entre otras cosas, por el retardo procesal y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva. “Existe una verdadera necesidad de implementar un plan para el descongestionamiento de las cárceles, pues el plan Cayapa solo se ha tratado de un complot para que los privados de libertad renunciaran a su derecho a la libre defensa y de asumir hechos. Evidentemente no existe voluntad política para tomar las medidas y si no existe, simplemente Venezuela no prestará un servicio penitenciario que permita la reinserción en la sociedad”.

 En ese sentido, Prado enfatizó la necesidad de crear un Plan Nacional Penitenciario, el cual debe establecer mecanismos para la asistencia carcelaria, pues entre tanta desidia las cárceles no cuentan con personal exclusivamente técnico, tal como lo establece la ley. “En casos como el Cicpc, tienen a miles de funcionarios custodiando a presos, cuando realmente fueron instruidos para investigar hechos criminales. Igualmente ocurre en el resto de los centros de detención preventiva, hay más policías en los calabozos que en las calles cuidando a los venezolanos que están a merced del hampa”.

 Al respecto, Prado recordó que este año recorrió el territorio nacional para presentar el Portafolio de Propuestas Penitenciarias, el cual contempla una serie de recomendaciones para contrarrestar el retardo procesal desde el Poder Ejecutivo, tales como selección y capacitación de los cuerpos policiales; el Poder Judicial, para garantizar la independencia de los tribunales y asegurar la competencia académica y profesionales de jueces y demás funcionarios; hasta el Poder Ciudadano, que incluye la selección de fiscales a través de concursos públicos de oposición, y verificación de la situación jurídica y demás condiciones de los reclusos con visitas a las edificaciones penitenciarias.

En tanto, el equipo de expertos del OVP expuso propuestas basadas en la mejor documentación jurídica de la crisis penitenciaria en Venezuela, para contrarrestar puntos álgidos como la violencia carcelaria, en la que proponen organizar actividades recreativas, culturales y deportivas para los reclusos, además de realizar campañas de formación contra el consumo de sustancias ilícitas.

 Asimismo, presentaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), que prevén mejorar las condiciones de atención integral a la salud, solventar el déficit de custodios asistenciales, erradicar la corrupción dentro de las edificaciones penitenciarias, contrarrestar el deterioro de la infraestructura de los centros penitenciarios, así como también combatir el hacinamiento y el ocio carcelario.

 “En Venezuela queremos tener un sistema penitenciario que no solo se encargue del servicio al privado de libertad, de cuando entran y salen del penal, sino que además se deben garantizar medidas cautelares para que la persona sea enjuiciada en libertad. La prisión es tan contaminante que lamentablemente la persona que entra termina graduándose en estas universidades del delito, y es por esta razón que en el 2017 continuaremos luchando por los derechos de todos los privados de libertad y sus familiares, quienes han sido olvidados por el Sistema pero cuentan con el apoyo de los defensores de derechos humanos, sin importar el riesgo que corren nuestras vidas por el constante asedio y amenazas”, puntualizó Prado.

 En los próximos días, el Observatorio Venezolano de Prisiones presentará detalladamente su Informe 2016, donde se podrán conocer las cifras de la crisis penitenciaria y el Plan Nacional Penitenciario como alternativa a la deprimente situación carcelaria que se vive en el país.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones